14 de diciembre de 2012
13 de diciembre de 2012
Komplicidad....
En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato en la zona. Exhibieron sus plantaciones arruinadas, mostraron certificados médicos de envenenamiento y fotografías de sus animales muertos. En una medida inusual, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigacioes con Roundup, la marca de glifosato más utilizada.
La medida no tenía precedentes. Desde entonces, la jueza fue declarada enemiga de la empresa de monocultivos. Comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 Sevilla fue echada bajo las acusaciones de "mal desempeño en el cargo y desconocimiento manifiesto del derecho". Entre las acciones juzgadas estuvo la orden de asistencia inmediata, por parte del gobierno local, a campesinos. "Nunca me perdonaron que frenase las fumigaciones", dice Sevilla. "Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que de marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano. La vida se me esta haciendo cada vez más complicada. Me cuesta muchísimo trabajar en la profesión por varias razones, pero la principal es que mi apellido es mala palabra en Formosa y la gente, salvo la muy audaz, no quiere contratar mis servicios porque en los juzgados me hacen la vida imposible y debo presentar más recursos que otros abogados por los disparates que resuelven en mis causas".
La abogada de las comunidades denunciantes, Roxana Silva, es categórica: "La echaron por cumplir con su deber. Todos sus fallos se ajustaron a derecho, y eso aquí es un pecado. Nadie se puede meter contra el poder político y los empresarios".
En Formosa continúan usando glifosato. Ningún otro juez prohibió la fumigaciones.
Campo sin campesinos, Argentina Originaria.
11 de diciembre de 2012
Declaración de la Comisión Interna de Página12 sobre represalia contra Darío Aranda
Declaración de la Comisión Interna de Página12 sobre represalia contra Darío Aranda -
Compañer@s:
Queremos informarles sobre una represalia que pese a nuestro esfuerzo no pudimos revertir, ya que nadie en la empresa asume la responsabilidad por una decisión que de hecho se aplica. Nos referimos a la situación de nuestro compañero Darío Aranda.
En noviembre de 2011 el diario censuró dos notas de
Darío, hecho que como asamblea repudiamos por unanimidad. Conscientes de la fragilidad de los colaboradores, exigimos que no se tomaran represalias (se lo pedimos en persona al director del diario). Desde ese mismo momento, sin embargo, comenzaron a aplicarse: se fijaron topes de dos notas por mes y 70 líneas por nota (antes publicaba de 4 a 6 por mes, incluidas dobles páginas y tapas); se le impidió escribir desde el lugar donde ocurren los hechos, sello distintivo del trabajo de Darío; los temas que cubría desde 2004 (indígenas, campesinos, extractivismo) fueron derivados sistemáticamente a compañeros pasantes; ante sus propuestas, las respuestas del jefe de sociedad, Andrés Osojnik, varían entre el silencio, la demora o -la más usual- el rechazo sin argumentos serios, con el agravante de que sumarios propuestos por quien conoce en profundidad sus temas son “derivados” a otros compañeros.
Como Comisión Interna nos reunimos con Tiffenberg y con los gerentes, quienes negaron haber ordenado un tope de notas. Hablamos con Osojnik, que tampoco se hace cargo de la represalia que aplica y pretende atribuir el cupo y sus negativas sistemáticas a la “casualidad” o a “criterios periodísticos”, pese a que él mismo llegó a explicitar en un e-mail el límite de dos notas mensuales.
Consideramos que esta situación no sólo atenta contra el trabajo de Darío y contra la calidad de Página12: también afecta los ingresos de nuestro compañero, que pasó de escribir hasta seis notas mensuales a dos “notas B” y durante el último semestre cobró en promedio apenas 300 pesos.
Ante los infructuosos esfuerzos por revertir este panorama y la certeza de que no se trata sólo de una represalia sino también de un ataque a la libertad de expresión, como Comisión Interna decidimos informales la situación, de la que hacemos responsable a la empresa y en particular al jefe de la sección Sociedad, Andrés Osojnik.
Tato Dondero, Carlos Rodríguez, Ana Paoletti y Diego Martínez
11 de diciembre de 2012
8 de diciembre de 2012
Nube tóxica... un poquito tóxico, un poquito manipulado
El fiasco del 7D minimizó el tema de la nube tóxica. Y tanto la “Corpo” como la “Korpo” eludieron prolijamente la cuestión de fondo.
“Daños menores”, “mediana intensidad y toxicidad moderada”, dice Página/12. Tiempo Argentino “aclara” la cuestión enumerando comunicados de diversas instituciones: “carbonato de baja peligrosidad”, “ácido sulfhídrico”, “fosforado”, etc. Clarín apunta a los responsables del agravamiento del incidente tras los desaciertos cometidos al inicio: ¿la culpa fue de las autoridades nacionales, de las de la Ciudad, o de ambas?
En ningún caso se hace referencia al tema de los temas: cada año aumenta exponencialmente el tonelaje de agrotóxicos importados y arrojados al ambiente en todo el país. Las “nubes levemente tóxicas” son castigos diarios que sufren centenares de pueblos y millones de personas en el territorio argentino y en toda América Latina. Los casos de enfermedades y de muertes se multiplican, sin que los diversos gobiernos tomen medidas efectivas. Y la prensa, del color que fuere, trata el tema como “incidente”, “accidente” y calificativos por el estilo.
Sólo el año pasado, sólo la multinacional Monsanto, facturó por 4.124 millones de pesos, la mayor parte de ese monto por ventas de su agrotóxico glifosato (nombre comercial, Roundup). Sólo entre entre 1996 y 2006, la maderera Alto Paraná aplicó mil toneladas de glifosato en sus plantaciones de pinos transgénicos, sin contar otros agrotóxicos. Hace pocos meses, en Córdoba, un fallo judicial sentenció que contaminar con glifosato es un delito, pero los tres procesados quedaron en libertad.
“Todos los días, en el puerto de Buenos Aires, se cargan y descargan contenedores con sustancias tóxicas, que también se almacenan allí”, dijo Verónica Odriozola, coordinadora de la ong Salud sin Daño para América Latina. “Nos enteramos cuando ocurren incidentes como éste, pero pasada la conmoción por la nube tóxica, el riesgo sigue, sobre todo para las comunidades que están en contacto permanente con estos químicos”.
El insecticida Thiodicarb que se quemó ayer es un carbamato con actividad insecticida: mata huevos, larvas y adultos, y se usa mucho en cultivos de algodón, maíz, sorgo y soja. El manual dice que su calificación toxicológica es II (altamente tóxico), y que se absorbe por todas las rutas de exposición: oral, dérmica, conjuntiva e inhalatoria. Inhibe la colinesterasa, un neurotransmisor muy importante, interfiriendo en las sinapsis del sistema nervioso. Algunos de sus efectos: agitación, taquicardia, confusión, hipertensión, delirium, convulsiones, depresión respiratoria, broncoespasmo, vómito, calambres, coma, diarrea, micción involuntaria, dolor abdominal, hipotensión, etc.
El “levemente tóxico” que todos los medios proclamaban ayer denota que están ignorando un poquito, u ocultando “levemente”, las nubes de veneno que cubren el agro argentino. Parece que para empezar a discutir un modelo agropecuario que mata a la gente y envenena la tierra, habrá que esperar a que bajen los precios de los commodities. En eso coinciden todos los medios, antes y después del 7D.
7 de diciembre de 2012
7D: Cortando Clavos
Hoy se vence el plazo para que los grandes grupos mediáticos se ajusten a las normativas de la Ley de Medios. ¿Se inicia realmente un "nuevo paradigma comunicacional"? Los intereses en dispuesta detrás de la batalla propagandística entre gobierno y el Grupo Clarín.
Antes de proponer algunos ejes para el debate que se viene después de este 7 de diciembre, conviene subrayar una vez lo que hemos repetido cientos: la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, aprobada tres años atrás, es una herramienta superadora en comparación con la anacrónica Ley de Radiodifusión, impuesta en años de dictadura y aplicada en décadas de democracia.
Herramienta, esa es la palabra. La Ley de Medios no ha sido otra cosa que una herramienta en manos del gobierno nacional para intensificar su confrontación contra Grupo Clarín, aliado hasta 2008, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner prorrogó la concesión de licencias de radio y tv abierta y por cable hasta 2025. Además, una de las últimas decisiones de su gestión, en diciembre de 2007, fue autorizar la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
Herramienta esgrimida como elemento de presión durante mucho tiempo, hasta que se decidió avanzar con ella y desató la guerra.
Los viejos socios se enfrentan en una batalla de intereses millonarios. Herramienta que precisaba de una cierta legitimidad social, de allí la decisión de retomar viejas propuestas de especialistas en comunicación, de abrir un mapa mediático más diverso, de apelar a un discurso que propone "democratizar" voces. De allí el respaldo que acompañó a la Ley, entonces y ahora: es que del otro lado está Clarín, el Grupo que se enriqueció durante la dictadura, que negoció e impuso condiciones a todos los gobernantes democráticos y que ve, por primera vez, su imperio amenazado.
Más allá de las voces que insisten en subrayar al 7D como la fecha del "cambio en el paradigma comunicacional", la realidad parece menos absoluta. Lo que parece en disputa, es la chance de recortar la influencia de Clarín, a partir de una desinversión, que es toda una incógnita. Pero lo curioso es que, a tres años de sancionada la Ley, el resto de las propuestas aprobadas sigue pendiente de impulso. Pero de eso no se habla.
Supongamos el mejor escenario posible para el gobierno: esto es, que Clarín se da por vencido, acata la Ley y no sigue imponiendo chicanas judiciales para dilatar el proceso, que no apelará a un ejército de testaferros o la creación de fundaciones fantasmas, que no vivimos en una sociedad capitalista donde siempre el pez grande se come al chico, donde quienes adquieren porciones del Imperio no terminarán, tarde o temprano, negociando partes con el viejo patrón. Ante ese escenario, vale hacerse algunas preguntas: ¿Qué grupos estás en condiciones de ofertar por alguna porción del viejo imperio? ¿Quién se ocupará de regular el destino del 33% del espectro que, según la Ley, está enfocado a "entidades sin fines de lucro", una figura tan ambigua que abarca tanto a la AFA como a la UOCRA, en una contienda en la que deberían "competir" con los medios comunitarios y alternativos? ¿Qué idea de democracia se basa en grupos como los ya financiados desde el Estado (Cristóbal Lopez y Sergio Szpolski, entre otros)? ¿Cómo se condice que mientras está suspendido el acceso a licencias de TV, desde el Ejecutivo se hayan repartido permisos (sin medir concurso) de TV digital a señales como C5N, CN23 y Construir TV de la UOCRA? ¿Cómo puede agitarse desde supuestas atalayas progresistas el apoyo a una ley en abstracto, como si las leyes cambiaran la vida de las personas? ¿No sería mejor hablar con sinceridad y afirmar que se trata de un "reordenamiento empresarial"?
Hugo Montero, Negro y Blanco, Nro. 5
5 de diciembre de 2012
10 años de la UST!
Hoy se festeja en Mendoza los 10 años de la Unión de trabajadores rurales sin tierra de Cuyo!
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