7D: Cortando Clavos

Hoy se vence el plazo para que los grandes grupos mediáticos se ajusten a las normativas de la Ley de Medios. ¿Se inicia realmente un "nuevo paradigma comunicacional"? Los intereses en dispuesta detrás de la batalla propagandística entre gobierno y el Grupo Clarín.

Antes de proponer algunos ejes para el debate que se viene después de este 7 de diciembre, conviene subrayar una vez lo que hemos repetido cientos: la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, aprobada tres años atrás, es una herramienta superadora en comparación con la anacrónica Ley de Radiodifusión, impuesta en años de dictadura y aplicada en décadas de democracia.

Herramienta, esa es la palabra. La Ley de Medios no ha sido otra cosa que una herramienta en manos del gobierno nacional para intensificar su confrontación contra Grupo Clarín, aliado hasta 2008, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner prorrogó la concesión de licencias de radio y tv abierta y por cable hasta 2025. Además, una de las últimas decisiones de su gestión, en diciembre de 2007, fue autorizar la fusión entre Cablevisión y Multicanal.

Herramienta esgrimida como elemento de presión durante mucho tiempo, hasta que se decidió avanzar con ella y desató la guerra.

Los viejos socios se enfrentan en una batalla de intereses millonarios. Herramienta que precisaba de una cierta legitimidad social, de allí la decisión de retomar viejas propuestas de especialistas en comunicación, de abrir un mapa mediático más diverso, de apelar a un discurso que propone "democratizar" voces. De allí el respaldo que acompañó a la Ley, entonces y ahora: es que del otro lado está Clarín, el Grupo que se enriqueció durante la dictadura, que negoció e impuso condiciones a todos los gobernantes democráticos y que ve, por primera vez, su imperio amenazado.

Más allá de las voces que insisten en subrayar al 7D como la fecha del "cambio en el paradigma comunicacional", la realidad parece menos absoluta. Lo que parece en disputa, es la chance de recortar la influencia de Clarín, a partir de una desinversión, que es toda una incógnita. Pero lo curioso es que, a tres años de sancionada la Ley, el resto de las propuestas aprobadas sigue pendiente de impulso. Pero de eso no se habla.

Supongamos el mejor escenario posible para el gobierno: esto es, que Clarín se da por vencido, acata la Ley y no sigue imponiendo chicanas judiciales para dilatar el proceso, que no apelará a un ejército de testaferros o la creación de fundaciones fantasmas, que no vivimos en una sociedad capitalista donde siempre el pez grande se come al chico, donde quienes adquieren porciones del Imperio no terminarán, tarde o temprano, negociando partes con el viejo patrón. Ante ese escenario, vale hacerse algunas preguntas: ¿Qué grupos estás en condiciones de ofertar por alguna porción del viejo imperio? ¿Quién se ocupará de regular el destino del 33% del espectro que, según la Ley, está enfocado a "entidades sin fines de lucro", una figura tan ambigua que abarca tanto a la AFA como a la UOCRA, en una contienda en la que deberían "competir" con los medios comunitarios y alternativos? ¿Qué idea de democracia se basa en grupos como los ya financiados desde el Estado (Cristóbal Lopez y Sergio Szpolski, entre otros)? ¿Cómo se condice que mientras está suspendido el acceso a licencias de TV, desde el Ejecutivo se hayan repartido permisos (sin medir concurso) de TV digital a señales como C5N, CN23 y Construir TV de la UOCRA? ¿Cómo puede agitarse desde supuestas atalayas progresistas el apoyo a una ley en abstracto, como si las leyes cambiaran la vida de las personas? ¿No sería mejor hablar con sinceridad y afirmar que se trata de un "reordenamiento empresarial"?

Hugo Montero, Negro y Blanco, Nro. 5