Una nueva ley y un nuevo punto de partida

Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada.

E. Galeano.

Este año estuvo signado por las marchas y contramarchas de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), conocida como "ley de medios". La misma fue sancionada el 10 de octubre de 2009 en reemplazo de la vieja ley de radiodifusión de la dictadura y es la normativa que establece las pautas de funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina.

En el marco de esta ley, ya aprobada, se extendió el debate acerca de los medios de comunicación, dando lugar a la problematización de su funcionamiento, su contenido, y su democratización. Una instancia donde participó la sociedad en su conjunto, tanto los directamente involucrados en su reglamentación, como todos los que consideramos a la comunicación como una herramienta que no debe ser exclusiva ni comercializada.

Consideramos necesaria una nueva Ley para evitar la concentración de la propiedad de los medios, para alentar la producción de contenidos locales, asi como también para adecuar los mismos a los profundos cambios en materia tecnológica que se están desarrollando. El cambio en materia de comunicación hacia el modelo digital demanda una legislación que lo incluya, y por otro lado, genera nuevos desafíos y oportunidades para los medios de comunicación.

En este sentido, decidimos escindirnos de la polarización planteada y levantar con una serie de organizaciones la consigna "Ni K, ni Clarín, queremos la Ley ya". Entendemos que este planteo reflejó la demanda de una democratización de las licencias para la comunicación, así como la necesidad imperante de cambiar una Ley que se creó en la dictadura y que durante el menemismo(1) se profundizó en su lógica neoliberal de gestión privada de las mismas. A su vez, señalamos las limitaciones de la nueva Ley y denunciamos la problemática que encierra respecto de los medios de comunitarios, populares y alternativos, ya que éstos no se encuentran reflejados como tales, no son reconocidos en su esencia, sino que son presentados como prestadores de gestión privada sin fines de lucro, junto con ONGs, fundaciones, etc., desconociendo así sus particularidades.

Estos medios que ejercen la comunicación día a día con un objetivo social, lejos de la lógica comerciales, que encaran un trabajo transformador de la comunicación, son perjudiciados por algunos puntos de la nueva Ley que intenta invisibilizarlos. El acceso a la información sigue siendo obstaculizado, considerándola un bien que se compra y vende, perjudicando la práctica del ejercicio pleno del derecho a comunicar.

Esta Ley está lejos de provocar la democratización de la comunicación que medios comunitarios y organizaciones sociales vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Si bien constituye un avance, no refleja una intención de cambio genuino y radical.

Defendimos su aprobación, y criticamos algunos de sus puntos, pero sobre todo el sostenimiento del decreto 527/05, sancionado en mayo del 2005, que suspende por diez años los vencimientos de las licencias(2), avalando la concentración mediática, en clara contradicción con una "ley antimonopolios". Ontra muestra de esta falta de intención democratizadorase generó recientemente cuando lanzaron los "foros abiertos y participativos" que recorrieron el país para captar propuestas para la reglamentación de la nueva Ley. En la Ciudad de Buenos Aires estas instancias no existieron y, en general, el debate amplio y democrático estuvo ausente. A pesar de esto se participó, desde distintos espacios, de las instancias legislativas con la presentación de las objeciones y propuestas de cambio en la reglamentación.

La apropiación por parte de la administración actual de esta Ley, como "la ley de la democracia" que pretende "desconcentrar la propiedad de los medios", y a la vez el sostenimiento del decreto 527, demuestra los intereses que se preservan y aclara que los sectores populares no está incluidos en este proceso, sino que debemos seguir luchando por nuestro lugar en la comunicación audiovisual.

Los medios alternativos, comunitarios, populares, son una herramiento que aporta al desarrollo del poder popular, informan y reproducen a través de la propia mirada, siendo protagonistas de una forma diferente de construir, lejos de la que caracteriza a los medios privados de comunicación. Representan la vía de manifestar la diversidad cultural, el canal adecuado para que se expresen las voces silenciadas por los medios masivos.

En este sentido es que organizaciones sociales, políticas, de trabajadores/as, estudiantiles y universitarias, de derechos humanos y medios alternativos conformamos la Coordinadora en defensa de la Comunicación Alternativa, Comunitaria y Popular. Y junto a ellos, participamos del encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, el 14 y 15 de agosto en Tucumán. Una instancia que permite el encuentro de los que continuamos luchando por otra forma de comunicar, y sentimos que el camino lo tenemos que transitar juntos.

La disputa por visibilizar y multiplicar la comunicación alternativa, popular, la comunicación como un derecho y no un servicio continúa. Por esto, esta nueva Ley recientemente reglamentada es un punto de partida, no de llegada.

Notas:

(1)En Agosto de 1089 se sanciona la Ley 23696 de Reforma del Estado y junto con ella se modifican algunos puntos de la Ley de Radiodifusión 22285/80, avalándose la concentración de propiedad y la constitución de multimedios. La publicidad comercial que estaba prohibida para emisoras oficiales, también fue incluida mediante dos decretos.

(2) La propuesta de decreto que había presentado Hadad es tomada tal cual, a excepción de que el estado de emergencia no está decretado en el artículo 1 como el proponía sino que es incluido en los "vistos y considerandos". Lo que a Hadad le llevó dos años, a Clarín le llevó dos meses. Nadie dijo nada porque alcanzaba (favorecía) a absolutamente todos los licenciatarios, en cualquier periodo que se encontraran.

Carolina Zanino,

Economista, UBA.
Periodista.
Miembro del Colectivo La Tribu.
Publicado en "Batalla de ideas" nro. 1.